Sobre el anuncio presidencial del “MATRIMONIO IGUALITARIO” a nivel constitucional:

Los pinos "gay" 17/05/16.

CONSIDERACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA: El anuncio de reforma constitucional para incluir en el artículo 4º los alcances del principio de no discriminación, particularizándolo al tema del matrimonio, no hará sino repetir lo ya establecido en el artículo primero constitucional en el sentido de que ninguna institución (civil, política, social, etc. etc.) puede excluir a alguna persona, por entre otras causas, su orientación sexual. Quizá ahora, nuestra constitución diga que el matrimonio es una institución reconocida para las personas con independencia del sexo de quienes lo conformen o algo por el estilo, esto si el constituyente permanente a través de las legislaturas locales lo aprueba.

Es un logro sí, que hay que reconocer al presidente, pero no alabar como mérito personal de Peña Nieto, pues no es sino la consonancia con muchos instrumentos internacionales vigentes en México y con la propia Constitución; es decir,  el artículo 4º no hará sino repetir lo que la carta magna y tratados internacionales ya dicen, y que espero equivocarme, en nada resolverá el tema de la judicialización de los derechos humanos, por lo siguiente:

El matrimonio “igualitario” ya está reconocido en nuestra constitución, pues la propia corte ha establecido ya, que la institución de matrimonio abarca en su concepción y naturaleza jurídica a las parejas de distinto o el mismo sexo, ello en una inclusión amplia de todas las formas de familia que son una realidad en nuestro país; es decir, si a alguien debemos agradecer que haya quedado claro que nuestra constitución protege al matrimonio “igualitario” es a la suprema corte y a los abogados-activistas que llevaron esta agenda al seno del tribunal constitucional, viene a mi mente en este momento el abogado Alex Alí Méndez Díaz.

Incluir a nivel constitucional la definición específica de matrimonio como una institución que abarca a las parejas del mismo sexo, es más un logro en el ámbito del discurso y el reconocimiento político que el legal, porque legal ya es y era, el problema real es su exigibilidad y eficacia, ya que la reglamentación del registro civil y la regulación de las instituciones de derecho familiar sigue siendo un tema de competencia fundamentalmente de las entidades federativas; pues aunque nuestra constitución y su órgano máximo de interpretación, que es la Suprema Corte, ya hayan establecido que la institución matrimonial no puede excluir a las parejas del mismo sexo, lo cierto es que muchas legislaturas locales, sino es que la mayoría, han hecho oídos sordos a esta obligación constitucional, dando un trato de ciudadanía de segunda categoría a la población no heterosexual que decide casarse, haciéndola seguir largos y costosos procedimientos judiciales o administrativos para obtener el ejercicio de un derecho ya existente.

A menos que la iniciativa conlleve reformas específicas, que clarifiquen las competencias que en materia civil tienen las entidades y la federación, según establecen los artículos 73 y/o 124 constitucionales, o bien que exista la intención de crear un código civil federal único, los mecanismos para que las legislaturas conservadoras, como la de Guanajuato, establezcan procedimientos para que se haga efectivo este derecho en sus leyes del registro civil y códigos civiles locales, seguirán siendo materia dejada a la intervención de los órganos de justicia administrativos o judiciales; actualmente inmerecidamente se tienen que agotar juicios de amparo o quejas administrativas, por parejas del mismo sexo que buscan ejercer este derecho, derecho que ya es vigente en nuestro país.

Tema aparte si las legislaturas locales estarían dispuestas a ceder la materia civil con un código civil federal único, lo que se deja entrever como posibilidad desde la federación; seguramente en este supuesto la controversia se cruzaría también con la pérdida de ingresos por pago de derechos que esto implicaría a las entidades federativas, fuera de esto la judicialización seguirá siendo la única vía en entidades conservadoras como Guanajuato.

CONSIDERACIÓN PERSONAL: Considero que los gobernantes, políticas públicas y la institucionalidad de un país no son sino un reflejo de la ciudadanía que conforma un estado, así una población corrompida, tendrá entre sus antivalores políticos la prevalencia por ejemplo de la corrupción, una sociedad apática tendrá en su haber un estado déspota u arbitrario, una sociedad que luche por la transparencia generará una agenda de rendición de cuentas, etc. etc., lo mismo sucede con la agenda de inclusión y diversidad sexual, reitero el reconocimiento a la astucia política del presidente en hacer eco a las demandas de un movimiento activo, organizado y especializado como es el LGBTTTI, pero no es una graciosa concesión que haya que reconocer exclusivamente a “nuestro” (su) presidente.

Compañeras y compañeros activistas, reconozcan este compromiso del ejecutivo federal pero no endosen o regalen el resultado de sus esfuerzos al político o partido en turno. Los derechos, instituciones y conquistas sociales son el resultado de la lucha organizada, vigilancia constante e incidencia activa de la ciudadanía (a algunos les ha costado la vida), mantengamos vigente el movimiento plural que nos ha caracterizado y celebremos estos logros no como una concesión del político o partido en turno, sino como una conquista fruto del trabajo organizativo, la especialización y la incidencia estratégica de cientos de ustedes, muchos sin nombre ni foto en los titulares de la prensa oficialista.

El eco del presidente a esta agenda particular, que no la única, del movimiento LGBTTTI, responde a una necesidad internacional de que el estado mexicano estandarice sus criterios de derechos humanos  a los compromisos ya asumidos en pactos, tratados y convenciones internacionales. Se reconoce la “sensibilidad” del ejecutivo, yo diría la “astucia política” del ejecutivo, para echar a andar una iniciativa de esta naturaleza en un país claramente conservador como el nuestro, donde, desde mi perspectiva, la agenda de la diversidad sexual debe focalizar estrategias a la atención y respuesta ante la discriminación y todas sus formas de violencia en contra de la disidencia sexual.

Desde una minoría del movimiento LGBTTTI se festinó, con sendas fotografías personales en la sede del presidencialismo, una lucha de tantos y muchos movimientos de la diversidad que no puede tener nombre particular o agenda política partidista exclusiva. AntiPRIistas habemos muchos en este movimiento y nuestra geometría política no cambiará con este reconocimiento político que no jurídico, porque jurídico ya lo es,  la tarea pendiente, entre otras, queda aún en los ámbitos locales al margen del centralismo con que muchas veces se abordan estos avances.