Texto próximo a publicarse en la revista PAIDEIA del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Retórico y redundante se ha convertido de nueva cuenta el debate en torno a la reforma política que requiere el país, se sostiene que la reconquista de la confianza ciudadana por parte de los partidos políticos se daría casi como efecto inmediato a partir de la reelección legislativa y la aprobación de las candidaturas independientes. A pesar de que a lo largo de dos décadas se han promovido infinidad de iniciativas para alcanzar acuerdos básicos e impulsar reformas que permitan democratizar el régimen político del país y el sistema de partidos, vuelven a estar presentes los desatinos y chantajes del partido que controla la mayoría del Congreso de la Unión para concretar una agenda de acuerdos y asegurarse un terreno más favorable ante la inminencia de su regreso al ejercicio del poder federal, que a pesar de la transición, nunca cambió.
Podemos decir que la década de las 90 fue la más rica en cuanto a reconquista institucional de la democracia se trata, la creación del instituto federal electoral y la idea de los institutos electorales ciudadanizados hizo eco en la recuperación de la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas, generó la convicción de que el ejercicio del poder recuperaría el bono de confianza ciudadana teniendo como punto de partida el principio de certeza en el voto y la equidad de las campañas que se pretendía conquistar.
Tras casi tres décadas de las reformas electorales modernas que configuraron las características y principios fundamentales de lo que configura nuestro actual sistema electoral, doce años de transición en el poder federal y veinte años de la concertacesión no democrática que trajo la transición del ejecutivo en Guanajuato, el bono de confianza ciudadana en el sistema de partidos e instituciones electorales necesita replantearse y reinventarse. Sostienen estos mismos actores políticos, que requieren recuperarlo, que es necesaria una reforma política, una reforma que se ha basado recientemente en dos ejes: La reelección legislativa y las llamadas candidaturas independientes.
La realidad es que no se trata de una verdadera reforma política, ya que ninguno de sus elementos representa una transformación del régimen político y queda a la zaga de los acuerdos alcanzados por las fuerzas políticas. Se trata de ofrecimientos que si bien retoman iniciativas planteadas por la izquierda, como la iniciativa popular para que los ciudadanos puedan promover leyes y la figura de candidaturas independientes, con la cual los ciudadanos podrían hacer valer su derecho a votar y ser votados, mantienen serias limitaciones, pues deja pendiente una nueva generación de derechos que permitan el ejercicio de la democracia directa (plebiscito, referéndum, revocación de mandato, rendición de cuentas, presupuesto participativo); y si bien se avanza en romper el monopolio de los partidos en la representación popular, se endurecen los requisitos para crear nuevos partidos, al incrementar al 4% el requisito para el registro, lo que se agrava al promover la elección consecutiva, hasta por 12 años, de presidentes municipales, jefes delegacionales y legisladores, lo que dejaría en una profunda condición de indefensión a los candidatos independientes, pues al no definirse los mecanismos de financiamiento de las campañas y las reglas para enfrentar a los partidos y a los poderes fácticos, los cacicazgos locales y municipales se consolidarían. Basta Imaginar a un candidato independiente compitiendo contra los aparatos corporativos y el presupuesto de los gobernadores, como es el caso de Guanajuato. La reelección legislativa por demás no soluciona el problema real de fondo, innumerables ejemplos de legisladores que han ocupado tal función en el ámbito local y federal de manera continua dan cuenta de que esto en nada a abonado a que se diferencie su estilo de ejercer la representación de aquellos que no se reeligen, los vicios son los mismos.
Propuesta incompleta que no acaba de atender las verdaderas problemáticas de los mexicanos, el país no necesita reformas a cuenta gotas o en abonos, requiere una profunda transformación para responder a la situación de pobreza, violencia, deterioro institucional y ruptura del tejido social por la que atraviesa. Una condición para una reforma de este alcance, consiste en configurar un modelo de desarrollo que frene el empobrecimiento de la mayor parte de los mexicanos, lo que implica asumir que la reforma política al sistema de partidos no puede estar disociada de la reforma económica y del estado. La articulación entre política y economía debe tener como objetivo la lucha contra la desigualdad, que efectivamente recuperaría la confianza ciudadana en el actual régimen de partidos políticos, esto va de la mano de una reforma fiscal que amplíe la base contributiva, no que copte mayormente a la ya cautiva, eliminar formulas prevalecientes de elusión y deducción fiscal que solo favorecen a los grandes corporativos, transnacionales, corredores de bolsa y lavadores de dinero. Igualmente necesarias reformas tendientes a regular los monopolios públicos y privados, favorecer la competencia creativa de la mano del impulso de una educación que favorezca el emprendimiento más que la obediencia, importante entonces también la reforma educativa profunda. El ejercicio propio del poder debe tender a mejorar la capacidad de autoregularse y limitarse en sus excesos; corrupción, nepotismo y encarecimiento del costo (porque en muchos casos no es inversión) de la vida pública, deben erradicarse.
Recuperación aparte merece la capacidad de los organismos administrativos y judiciales electorales de hacer efectiva, no solo el conteo correcto de votos, sino la calidad democrática del mismo. Innumerables son las opiniones que dan cuenta que los institutos electorales actuales se están convirtiendo en lo federal y en lo local, en costosos aparatos de conteo de votos más que reguladores efectivos de la competencia democrática, en ello los partidos políticos tenemos una gran responsabilidad, al realizar contra reformas, reajustar leyes electorales y cuotear nombramientos institucionales que debilitan o limitan las facultades reguladoras de la competencia partidista por parte de estos organismos electorales ciudadanos, permitiendo los excesos del partido en el poder en turno más que la equidad de la contienda; la ciudadanía lamentablemente ha dado cuenta de ésto y comienza a perder el interés en derechos fundamentales como el voto, promoviendo incluso iniciativas que tienden a deslegitimar las elecciones como lo es la anulación. A cien años de lucha popular contra la reelección y el abuso del poder, a cincuenta años del despertar ciudadano que desmitifico al régimen revolucionario y denuncio sus excesos, a tres décadas de las reformas profundas en materia política, partidista y electoral, volvemos a ver como las competencias electorales se transforman en una estrategia del marketing donde tiene más posibilidades de ganar el que más gaste y mejor eluda la normativa electoral, ejemplo claro el de Guanajuato.
Los Partidos Políticos debemos refrendar nuestro compromiso de autoregularnos para favorecer el acercamiento con las necesidades ciudadanas tendiendo a resolverlas, de esta forma se recuperará el bono de confianza democrática que es punto de partida para el desarrollo de una sociedad y de sus instituciones, el PRD refrenda y debe refrendar su compromiso con la premisa fundamental que le dio origen, que es la plenitud del concepto que lleva en su propia nomenclatura: Democracia. ¡Reafirmamos nuestro compromiso con las causas que nos dieron origen!
¡Democracia Ya, Patria para Todos! Ángel González Cabrera.
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