CARTA PÚBLICA A OLIVA CON RESPECTO A LOS MATRIMONIOS DE PERSONAS GAY

CARTA PÚBLICA


C. Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato.

Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez

C. Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato

Lic. Carlos Zamarripa Aguirre

“Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas en
favor de los excluidos, no estarán nunca en las filas de los hombres
que apuestan a cambios trascendentales.” (Mahatma Gandhi)

Con fecha dieciséis de Diciembre del año dos mil nueve la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en una decisión de carácter republicano, y más aún de justicia social e impulso a los Derechos Humanos, decidió reformar los artículos 146, 237, 291 bis, 294, 391 y 724 del Código Civil para el Distrito Federal, siendo de gran importancia el primero en razón de que hizo realidad legalmente el reconocimiento a un sector de la sociedad como lo don las lesbianas y homosexuales la posibilidad de unirse bajo la institución civil del matrimonio; situación que resultó congruente con ordenamientos constitucionales como el artículo 1ero y 4 o de nuestra Constitución Federal, los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los Principios de Yogyakarta en materia de diversidad y orientación sexual, todos instrumentos legales de carácter internacional a los que se ha sometido el Estado Mexicano y por ende esta entidad federativa que usted representa, integrante del pacto federal al cual está integrado también la Ciudad de México.

Frente a estas reformas de carácter humanitario y que trascienden al ámbito del derecho familiar en el Distrito Federal, es comprensible que los sectores conservadores en el ejercicio de su libertad de expresión hayan intentado defender una visión del matrimonio y la paternidad de tipo religioso y sacramental; sin embargo, la ciencia psicológica, antropológica y jurídica, así como el mejor conocimiento que es el de la realidad, han demostrado que el matrimonio y la paternidad son un estado en el que su origen tiene que ver con la voluntariedad de los miembros, y dicha voluntad puede derivarse de una situación de carácter biológico o no, pero en todo caso su perduración tiene que ver más con el respeto, el apoyo mutuo, el amor y las obligaciones que de ello deriven entre sus integrantes y no en una fórmula propuesta a priori por una idea que es respetable pero que no puede ser impuesta como único modelo de familia por decreto o exclusión en un estado laico y de libertades como es el nuestro.

Como Sociedad Civil Organizada, nos sorprendió, no su postura personal sobre el tema en comento, sino su actuar como representante republicano de una entidad federativa frente a estas reformas, al presentar por conducto del representante legal y Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato una controversia constitucional para impedir la posible vigencia que de acuerdo al pacto federal deberían tener dichos Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, oponiéndose así a la posible entrada en vigor que dichas reformas tendrían en la Ciudad de México; situación que a pesar de estar concientes de su fracaso jurídico, incluso no de fondo sino procedimental, como lo demostró su desechamiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no deja de ser preocupante pues el contenido de dicha controversia constitucional, que en derecho usted presentó, pero no en justicia, más allá de los alcances jurídicos que ya fueron dejados claro por el máximo órgano de justicia en México, es pausible en ello notar un intento personal de carácter ideológico de usar las instituciones de la república con el pretexto de la soberanía para hacer valer una visión particular y conservadora sobre el matrimonio y la familia, argumento que cada claro ante aseveraciones como las que se hacían en dicha controversia presentada, como el sostener que las reformas son “contrarias al interés superior de niños y niñas” en lo concerniente a la posibilidad de ser adoptados por matrimonios de personas del mismo sexo, o bien que supuestamente se contravenía el “principio de legalidad y fin constitucional de protección de la familia”, llegando casi al extremo del historicismo y conservadurismo jurídico de usar como argumento en dicha controversia la encíclica de Melchor Ocampo en favor de una visión sacramental del matrimonio y no civilista. Todo ésto resulta pues en la clara intención de actuar como promotor legal del Partido Acción Nacional y de un sector de la sociedad o de votantes que como conservador que es pretende detentar el monopolio exclusivo de ciertos derechos, y más preocupante resulta que se haya utilizado a una instancia como la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato para promoverla, pues al usarse un órgano de gobierno cuya principal función es la persecución y prevención del delito para oponerse a un Derecho Humano que se otorga a una minoría, subyace la intención de utilizar el miedo infundido por la autoridad para evitar que quienes podríamos hacer uso de este derecho no lo hagamos, al mismo tiempo que se utiliza ésto como mensaje político para otro sector social, a pesar de ello dirigimos estas líneas ciudadanas aún conociendo los métodos y la fuerza de esta instancia que se opuso a nuestro estilo de vida.

Por lo anterior consideramos que presentarnos, a quienes tenemos una orientación sexual no heterosexual, como amenazas a la familia y a los niños es utilizar el miedo y la homofobia como instrumentos de beneficio político, pues sabemos que vivimos en una sociedad conservadora, pero precisamente vivimos y somos parte de ella como miembros de familias donde somos solidarios, aceptados, apoyados, hijos, hermanos, tíos y padres también, pues nuestro estilo de vida tiene que ver en esencia con el amor y ahora en el Distrito Federal con un derecho garantista del reconocimiento de una realidad de convivencia entre dos personas cuyo vínculo las omisiones legales pretenden proscribir por ignorancia, pues en realidad formamos parejas, familias e incluso algunos homosexuales, lesbianas o bisexuales ejercen la patria potestad de menores desde la soltería, la adopción individual, de común acuerdo o en el anonimato, sin que ello implique un perjuicio al menor, ni mucho menos influya en la definición de su orientación sexual, como tampoco influyó en la nuestra el ser hijos de padres heterosexuales felices; evidentemente creemos que los menores de edad deben de ser protegidos de cualquier daño por las leyes, con independencia de la orientación sexual de quienes podrían dañarles, pero bajo la perspectiva de la controversia presentado por usted, considera que somos potenciales criminales ante los menores de edad que podrían estar bajo nuestra custodia, lo cual es falso ante la verdad de la realidad, solo nos queda sostener que ante la injusticia de una acción legal injusta, existen hombres injustos, pero siempre pesará sobre esto la verdad y la verdad es que con independencia de que el orden jurídico positivo nos reconozca o no nuestros Derechos Humanos nosotros los haremos valer porque en esencia nos pertenecen y sabremos aprovechar el ancho margen que la libertad individual y el derecho nos brinden para seguir viviendo conforme a ello a pesar que la autoridad lo reconozca o no.

Para cerrar esta misiva pública, consideramos que el desechamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la controversia presentada no es un triunfo para nadie, pues deja sin resolver los alcances legales que estos derechos civiles ampliados en el Distrito Federal tendrán en otras entidades parte del pacto federal, y lo que sí nos deja en claro el contenido de la controversia presentada es que en su papel de Autoridad Ejecutiva y Administrativa no estará usted dispuesto a reconocer las uniones matrimoniales de personas del mismo sexo ni las adopciones realizadas por estas uniones en el marco legal de la Ciudad de México, lo cual nos brinda una perspectiva de que esta controversia legal aún no está resuelta y que ahora corresponderá a cada ciudadano actuar en consecuencia al querer ejercer tales situaciones jurídicas en el Estado de Guanajuato, donde a pesar de que el artículo 121 de la Constitución Federal es claro al respecto nos queda claro que la autoridad en Guanajuato actuará ideológicamente y no de acuerdo a ley. Queremos invitarle ciudadano Gobernador a velar verdaderamente por el bienestar de la familia y de los menores desde el ámbito de sus facultades, amplíe la cobertura de la seguridad social y el seguro popular, haga que los menores no acudan más a aulas improvisadas de clase, vele por la seguridad y justicia de las familias víctimas del delito, vigile que sus funcionarios encargados de la justicia velen por ella desde la legalidad, fortalezca la economía del estado para que los padres de familia puedan sacar adelante a sus hijos, contribuya a reducir los flujos migratorios clandestinos que separan las familias, fortalezca el gobierno republicano que encabeza desde una visión incluyente y no exclusiva. Por otro lado, deje que los ciudadanos de la diversidad sexual (en el sentido amplio de la palabra que incluye a los heterosexuales) decidamos en lo particular y privado compartir la vida con la persona que deseemos, permita que brindemos la oportunidad a uno de los miles de pequeños de las instituciones de adopción de contar con una familia que los ame, les brinde una identidad parental, les de acceso a los servicios esenciales para su desarrollo pleno, para que así desde la tranquilidad de un espacio propio y seguro puedan decidir el estilo de vida y orientación que les hará felices.

Angel González Cabrera
Coordinador de Derechos Humanos
Colectivo Seres AC

C.C.P. Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.